Escrito presentado por CCOO a la Administración en la reunión del 14/12/2013:
A
pesar del mantenimiento de un crédito inicial igual que en 2013 para la
retribución de interinos sin adscripción a puestos del programa presupuestario 312A Prestaciones a los desempleados del
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), cuantificado en 3.391.500 euros,
los nuevos recortes anunciados, consecuencia de los requerimientos del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las Comunidades Autónomas
que han incumplido el objetivo de déficit, apuntan a este programa. El principal
colectivo afectado es el de promotores de empleo, en plantilla en el SEF desde
2011 y cuyo nombramiento concluye el 31 de diciembre de 2013. La intención
inicial era mantener los 51 empleos prorrogando dicho nombramiento, pero, tras
el anuncio de los recortes citados, la cifra se queda en 35. La aritmética no
falla: el SEF va a cesar a 16 promotores. 16 promotores menos significa 16
ceses, 16 casos de personal empleado público del que se prescinde, a pesar de
su experiencia, de la amplia formación recibida y del reconocimiento de que
estaban haciendo un buen trabajo. Debido a su puntuación en la bolsa de empleo
de orientadores, los promotores cesados se verán condenados a olvidarse de que
los vuelvan a llamar. La amenaza de cese se extiende a cuatro técnicos interinos
de programa que realizan tareas de intermediación laboral en oficinas públicas
de empleo.
La
supresión de 16 empleos de orientadores y cuatro de técnicos supondría un
ahorro estimado en unos 750.000 euros, tirando al alza. La cantidad no es
excesiva con relación al presupuesto del SEF, cuyo crédito inicial para el
ejercicio 2014 estaba previsto, antes de estos recortes, que fuera de 59,7
millones de euros. Hay alternativas a estos ceses, que, en caso de ser tenidas
en cuenta, permitirían hacer valer al director general del SEF su condición de
servidor público. Ahí van nuestras propuestas, algunas con amplio margen, otras
más modestas, todas necesarias.
Empezamos
con las ayudas al trabajo autónomo. Aunque no es criticable en todas las
circunstancias, el trabajo autónomo, en tiempos de crisis, suele ser una
tapadera para eludir tanto el establecimiento de relaciones laborales entre
empleador y empleado como el cumplimiento, en general, de la legislación
laboral. Por eso, consideramos excesivo las ayudas del programa de autoempleo
para desempleados (7.603.345 euros) y al establecimiento de jóvenes autónomos (2.500.000
euros).
Las
ayudas a la contratación, en una época de reformas laborales claramente
regresivas para los derechos de los trabajadores, suelen tener efectos
perversos que no siempre son mencionados por la opinión establecida, siempre
obcecada en sus efectos positivos. Algunos autores del saber económico
destacan, por ejemplo, un efecto “ganga” (se subvenciona una contratación que
se habría producido de igual manera sin subvención), un efecto de
desplazamiento entre ocupaciones de diferente cualificación o un freno a los
cambios técnicos. De ahí de lo discutible de ayudas como las destinadas a
empresas privadas para contratos en prácticas (3.000.000 euros). El bono de
empleo joven es una modalidad indirecta de ayuda a la contratación, sólo que,
en este caso, el candidato por contratar va portando un cheque para que lo
contraten. Por eso, independientemente de su novedad, su cuantía también es
objeto de discusión (2.500.000 euros).
Las
acciones de formación en el marco del Sistema de Formación para el Empleo surgen
históricamente de acuerdos tripartitos en el marco del diálogo social. Por eso,
no se entiende tanta dotación económica a empresas privadas en subvenciones
para la formación en el empleo (3.000.000 euros), para la formación de
desempleados dentro del programa 324B
Actuaciones para la calidad profesional (500.000 euros) o para la actuación
del nivel de competencias de los trabajadores (233.552 euros).
En
el resto de ayudas a la formación, algunas actuaciones van destinadas a entes
públicos empresariales de la CARM
y fundaciones públicas regionales, lo que no debería ser prioritario, ya que
esas dotaciones deberían partir de los propios presupuestos de estos entes y
fundaciones. Es el caso de las ayudas al Instituto de Turismo de la Región de Murcia para
formación en el empleo (247.500 euros) o a la Fundación Integra
para tutorización de acciones formativas de teleformación (25.000 euros).
También están en el ojo de mira las ayudas a la formación de jóvenes
emprendedores (367.000 euros), a las que se extiende la crítica hacia el fomento
del autoempleo como forma de eludir el Derecho del Trabajo. Por último, algunas
ayudas, aunque modestas, eluden la concurrencia competitiva, como la destinada
a la Federación
de Empresarios del Transporte (FROET) para la formación sectorial sobre
certificados de aptitud profesional (CAP) (30.000 euros).
Las
externalizaciones, dentro del concepto presupuestario de trabajos realizados por otras empresas y profesionales, deberían
evitarse, pues hay empleados públicos capacitados para realizar las funciones
encomendadas a adjudicatarias. Cabe destacar los gastos corrientes orientados a
planes de formación para el empleo (199.000 euros), donde entra la justificación
económica de planes de formación y acciones de acompañamiento (más o menos
80.000 euros), cuya concesión actual finaliza el 31 de diciembre de este año.
También deberían suprimirse las innecesarias actuaciones en sistemas de
calidad, un negocio jugoso para las consultoras adjudicatarias, como las de
seguimiento de la ISO
de la Subdirección General
de Formación (17.100 euros) o las del plan de calidad en la formación
ocupacional del citado programa 324B (25.651 euros).
Echemos
cuentas:
Programa
de autoempleo para desempleados
|
7.603.345
|
Establecimiento de jóvenes autónomos
|
2.500.000
|
Empresas privadas para contratos en
prácticas
|
3.000.000
|
Bono de empleo joven
|
2.500.000
|
Empresas privadas: formación en el empleo
|
3.000.000
|
Empresas privadas: formación de desempleados
(prog. 324B)
|
500.000
|
Empresas privadas: actualización nivel competencias
trabajadores
|
233.552
|
Instituto de Turismo: formación en el empleo
|
247.500
|
Fundación Integra: tutorización acciones de
teleformación
|
25.000
|
Formación de jóvenes emprendedores
|
367.000
|
FROET: CAP
|
30.000
|
Gastos corrientes: planes de formación para
el empleo
|
199.000
|
Seguimiento ISO Subdirección General de
Formación
|
17.100
|
Plan de calidad en la formación ocupacional
(prog. 324B)
|
25.651
|
TOTAL
|
20.248.148
|
Salen
más de veinte millones de euros en dotaciones para gastos corrientes en
servicios externos y ayudas que se podrían reorientar en una modesta cantidad,
que no supera los 750.000 euros, para el mantenimiento de los empleos de 16
orientadores y 4 técnicos de intermediación, de importancia fundamental para el
desarrollo de las políticas activas del SEF por parte de sus trabajadores. El
ahorro que supondrían estos veinte ceses no llega más allá del 4% de los gastos
presupuestarios en los que proponemos actuar.
Todo
ello en defensa de todo el empleo público en el SEF, sin necesidad de regresos
innecesarios a las listas de espera y sin demandar subidas de nivel y de
complemento específico en RPT, que la Dirección General
de Función Pública reserva exclusivamente a las jefaturas.
