ESCRITO DE CCOO - JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Escrito presentado por CCOO a la Administración en la reunión del 14/12/2013:

A pesar del mantenimiento de un crédito inicial igual que en 2013 para la retribución de interinos sin adscripción a puestos del programa presupuestario 312A Prestaciones a los desempleados del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), cuantificado en 3.391.500 euros, los nuevos recortes anunciados, consecuencia de los requerimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las Comunidades Autónomas que han incumplido el objetivo de déficit, apuntan a este programa. El principal colectivo afectado es el de promotores de empleo, en plantilla en el SEF desde 2011 y cuyo nombramiento concluye el 31 de diciembre de 2013. La intención inicial era mantener los 51 empleos prorrogando dicho nombramiento, pero, tras el anuncio de los recortes citados, la cifra se queda en 35. La aritmética no falla: el SEF va a cesar a 16 promotores. 16 promotores menos significa 16 ceses, 16 casos de personal empleado público del que se prescinde, a pesar de su experiencia, de la amplia formación recibida y del reconocimiento de que estaban haciendo un buen trabajo. Debido a su puntuación en la bolsa de empleo de orientadores, los promotores cesados se verán condenados a olvidarse de que los vuelvan a llamar. La amenaza de cese se extiende a cuatro técnicos interinos de programa que realizan tareas de intermediación laboral en oficinas públicas de empleo.

La supresión de 16 empleos de orientadores y cuatro de técnicos supondría un ahorro estimado en unos 750.000 euros, tirando al alza. La cantidad no es excesiva con relación al presupuesto del SEF, cuyo crédito inicial para el ejercicio 2014 estaba previsto, antes de estos recortes, que fuera de 59,7 millones de euros. Hay alternativas a estos ceses, que, en caso de ser tenidas en cuenta, permitirían hacer valer al director general del SEF su condición de servidor público. Ahí van nuestras propuestas, algunas con amplio margen, otras más modestas, todas necesarias.

Empezamos con las ayudas al trabajo autónomo. Aunque no es criticable en todas las circunstancias, el trabajo autónomo, en tiempos de crisis, suele ser una tapadera para eludir tanto el establecimiento de relaciones laborales entre empleador y empleado como el cumplimiento, en general, de la legislación laboral. Por eso, consideramos excesivo las ayudas del programa de autoempleo para desempleados (7.603.345 euros) y al establecimiento de jóvenes autónomos (2.500.000 euros).

Las ayudas a la contratación, en una época de reformas laborales claramente regresivas para los derechos de los trabajadores, suelen tener efectos perversos que no siempre son mencionados por la opinión establecida, siempre obcecada en sus efectos positivos. Algunos autores del saber económico destacan, por ejemplo, un efecto “ganga” (se subvenciona una contratación que se habría producido de igual manera sin subvención), un efecto de desplazamiento entre ocupaciones de diferente cualificación o un freno a los cambios técnicos. De ahí de lo discutible de ayudas como las destinadas a empresas privadas para contratos en prácticas (3.000.000 euros). El bono de empleo joven es una modalidad indirecta de ayuda a la contratación, sólo que, en este caso, el candidato por contratar va portando un cheque para que lo contraten. Por eso, independientemente de su novedad, su cuantía también es objeto de discusión (2.500.000 euros).

Las acciones de formación en el marco del Sistema de Formación para el Empleo surgen históricamente de acuerdos tripartitos en el marco del diálogo social. Por eso, no se entiende tanta dotación económica a empresas privadas en subvenciones para la formación en el empleo (3.000.000 euros), para la formación de desempleados dentro del programa 324B Actuaciones para la calidad profesional (500.000 euros) o para la actuación del nivel de competencias de los trabajadores (233.552 euros).

En el resto de ayudas a la formación, algunas actuaciones van destinadas a entes públicos empresariales de la CARM y fundaciones públicas regionales, lo que no debería ser prioritario, ya que esas dotaciones deberían partir de los propios presupuestos de estos entes y fundaciones. Es el caso de las ayudas al Instituto de Turismo de la Región de Murcia para formación en el empleo (247.500 euros) o a la Fundación Integra para tutorización de acciones formativas de teleformación (25.000 euros). También están en el ojo de mira las ayudas a la formación de jóvenes emprendedores (367.000 euros), a las que se extiende la crítica hacia el fomento del autoempleo como forma de eludir el Derecho del Trabajo. Por último, algunas ayudas, aunque modestas, eluden la concurrencia competitiva, como la destinada a la Federación de Empresarios del Transporte (FROET) para la formación sectorial sobre certificados de aptitud profesional (CAP) (30.000 euros).

Las externalizaciones, dentro del concepto presupuestario de trabajos realizados por otras empresas y profesionales, deberían evitarse, pues hay empleados públicos capacitados para realizar las funciones encomendadas a adjudicatarias. Cabe destacar los gastos corrientes orientados a planes de formación para el empleo (199.000 euros), donde entra la justificación económica de planes de formación y acciones de acompañamiento (más o menos 80.000 euros), cuya concesión actual finaliza el 31 de diciembre de este año. También deberían suprimirse las innecesarias actuaciones en sistemas de calidad, un negocio jugoso para las consultoras adjudicatarias, como las de seguimiento de la ISO de la Subdirección General de Formación (17.100 euros) o las del plan de calidad en la formación ocupacional del citado programa 324B (25.651 euros).

Echemos cuentas:

Programa de autoempleo para desempleados	7.603.345
Establecimiento de jóvenes autónomos	2.500.000
Empresas privadas para contratos en prácticas	3.000.000
Bono de empleo joven	2.500.000
Empresas privadas: formación en el empleo	3.000.000
Empresas privadas: formación de desempleados (prog. 324B)	500.000
Empresas privadas: actualización nivel competencias trabajadores	233.552
Instituto de Turismo: formación en el empleo	247.500
Fundación Integra: tutorización acciones de teleformación	25.000
Formación de jóvenes emprendedores	367.000
FROET: CAP	30.000
Gastos corrientes: planes de formación para el empleo	199.000
Seguimiento ISO Subdirección General de Formación	17.100
Plan de calidad en la formación ocupacional (prog. 324B)	25.651
TOTAL	20.248.148

Salen más de veinte millones de euros en dotaciones para gastos corrientes en servicios externos y ayudas que se podrían reorientar en una modesta cantidad, que no supera los 750.000 euros, para el mantenimiento de los empleos de 16 orientadores y 4 técnicos de intermediación, de importancia fundamental para el desarrollo de las políticas activas del SEF por parte de sus trabajadores. El ahorro que supondrían estos veinte ceses no llega más allá del 4% de los gastos presupuestarios en los que proponemos actuar.

Todo ello en defensa de todo el empleo público en el SEF, sin necesidad de regresos innecesarios a las listas de espera y sin demandar subidas de nivel y de complemento específico en RPT, que la Dirección General de Función Pública reserva exclusivamente a las jefaturas.